El Defensor del Pueblo ha recomendado a la Secretaría de Estado y Hacienda que incluya, en la Ley de Haciendas Locales, una bonificación en el impuesto de Bienes Inmuebles Inmuebles (IBI) para pensionistas y personas con discapacidad cuya única vivienda en propiedad sea su domicilio, informó esta institución.

De esta manera, el Defensor pretende proteger a las rentas más desfavorecidas del «fuerte incremento tributario que ha sufrido este tributo en los últimos años, como consecuencia de diversos factores», entre los que cita la inflación y la especulación urbanística.

Según la institución de Enrique Múgica, la medida contribuiría además a «definir y ejecutar las políticas necesarias para hacer efectivo el derecho reconocido en la Constitución a tener una vivienda digna, garantizando que los sectores más desprotegidos de la sociedad puedan mantener su vivienda».

El Defensor advierte que este mandato constitucional «se cercenaría si, obtenida una vivienda digna, los impuestos que pesan sobre ella, influidos por la inflación y la revalorización del mercado inmobiliario, obligan a prescindir de la misma».