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El Gobierno de Esperanza Aguirre ha decidido bloquear en la Comunidad de Madrid la Ley de Dependencia puesta en marcha por el Ejecutivo central. Madrid no ha incluido en el convenio de servicios sociales que establece, anualmente, con los ayuntamientos, la partida presupuestaria para desarrollar la Ley de Dependencia.
Los ayuntamientos madrileños no contarán con un presupuesto que permita desarrollar la Ley de Dependencia sin un desembolso extra de dinero.

El gobierno autonómico envió el pasado día 2 de noviembre el presupuesto para los gastos sociales que, con respecto al año anterior, sólo se han incrementado un 2 por ciento en gastos de personal lo que según la diputada socialista en la Asamblea de Madrid, Pilar Sánchez implica que los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia que actualmente corren a cuenta de cada ayuntamiento no sólo no serán ampliados tal y como contempla la ley, sino que en Madrid, deberán reducirse.

La Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, aprobada hace casi un año, ha sido, es y parece que será uno de los elementos estrella del debate político, no tanto por su contenido, en el que hay unanimidad, como en su aplicación.

A modo de resumen podemos decir que gracias a esta ley tenemos el derecho subjetivo a que cuando incurramos en una situación de dependencia, se nos valore (ya se ha empezado a hacer con un único baremo), y en función de nuestro estado de salud se nos presten unas atenciones, en forma de servicio o económicas que contribuiremos a financiar según nuestra capacidad.

Hasta aquí todo claro, los problemas surgen cuando se intenta avanzar más allá en la aplicación de la ley. Por un lado, no esta claro si lo que se va ofrecer es un servicio o una ayuda económica. Aunque la ley dice que se dará servicio, movimientos de algunas administraciones públicas apuntan más en la dirección de dar una ayuda económica y punto, solución que por otra parte es la preferida por las familias.

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Esta por ver qué criterios se van a seguir para homologar a las entidades prestadoras de los servicios, que requisitos en materia de calidad se les va a exigir, y que formación tendrá que tener el personal que trabaje en el sector. Teniendo en cuenta que es un sector muy atomizado, en el que no hay grandes líderes empresariales, donde se paga muy poco al personal (porque se cobra poco, todo hay que decirlo), hablar de requisitos formativos parece una utopía.

Y por último, la mayor de las dudas, esta por ver que entendemos por copago y la pregunta del millón, ¿se va a tener en cuenta el patrimonio de las personas dependientes en la estimación y financiación de sus cuidados? Dicho de otra manera, ¿a las personas dependientes que posean vivienda en propiedad (más del 90% de las mayores de 65 años), se les obligará a reconocer la deuda con la administración con el piso como garantía?. Alguna experiencia reciente como es el caso de Bizkaia, ha tenido como consecuencia una reducción de la demanda de plazas residenciales en un 35%, políticamente incorrecto pero eficaz.

Hay que tener claro que la ley no va a poder aplicarse sin el consenso de la Administración general del estado, todas y cada una de las Comunidades Autónomas, y las Entidades Locales. Dada la situación política actual y el calendario electoral que tenemos, no es de prever el consenso mínimo en los próximos meses lo que prolongará la desigualdad territorial existente.

En cuanto a la financiación del sistema se habla de una participación a partes iguales entre Estado, Comunidad Autónoma y beneficiario. Las discrepancias empiezan a surgir cuando las comunidades autónomas dicen que se tengan en cuenta las aportaciones que ya realizan para la atención a la dependencia, y el estado esta diciendo que se aplicará únicamente a los nuevos fondos que se destinen a este fin.

En fin, todo apunta a que 2.008, al igual que 2.007 será un año de espera, entre la desesperación de los empresarios del sector y las promesas de los políticos, y mientras tanto las familias a capear el temporal como buenamente puedan.