Era previsible que ocurriera. El Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès ha abierto el primer expediente sancionador a una empresa constructora por malgastar agua potable. El expediente es en cumplimiento del decreto de la Generalitat que prohíbe regar jardines y llenar piscinas por la sequía extrema que vive Catalunya.

No es necesario extenderse por los vericuetos de un decreto que no ha sido pactado ni siquiera en el seno del propio gobierno. Los que negaban el trasvase del Ebro son ahora los que lo exigen llamando «irresponsables» y acusando de «enorme deslealtad» al gobierno de Madrid por negar el trasvase, ese es el nombre, de aguas del Segre a la cuenca del Llobregat.

Una cosa es elaborar un decreto en un despacho de Barcelona y otra muy distinta es comprobar cómo reaccionan quienes han comprobado con sorpresa que alguien había entrado en sus fincas de la Cerdanya plantando estacas para conducir los hipotéticos tubos que transportarán agua hacia la gran conurbación de Barcelona.

Que no hay agua para llegar a septiembre si no llueve, es una evidencia. Y debe ser prioridad del gobierno el asegurar que todos puedan tener acceso al agua en caso de una emergencia nacional.

Pero al dictar un decreto hay que tener en cuenta dos cuestiones: disponer de los recursos humanos para hacerlo cumplir y dotarlo con presupuestos adecuados. Al margen de tener la seguridad de que volverá a llover y que después de largas temporadas de sequía vienen tiempos de lluvias, pienso que el expediente abierto a un constructor de Sant Cugat es un precedente muy peligroso.

Fue un vecino el que alertó a la Policía Local de que en una promoción que se estaba construyendo cerca de su casa se estaba llenando una piscina y que podía estar llevándose a cabo con agua potable. Un portavoz que gestiona la crisis del agua pidió a los ciudadanos que denunciaran a cualquier persona que malbaratara agua.

Hemos entrado en el resbaladizo terreno de la delación. No conozco el caso de la piscina de marras pero si aceptamos la denuncia vecinal para sancionar, podemos llegar a crear un verdadero problema social. Encuentro que esta petición de ayuda a través de chivatazos huele a 1984 de Orwell o a las tristes experiencias que se han vivido en las dictaduras soviética y camboyana.

Cualquiera ciudadano se puede encontrar con la denuncia de un vecino porque se pasa más de media hora bajo la ducha o porque se deja abierto un grifo que desperdicia agua.

Entiendo que se puede pedir la ayuda ciudadana en casos de terrorismo, de pederastia, de violencia de género o de delitos fiscales. Pero no acepto que un decreto sobre la sequía requiera también la colaboración de delatores.

Se empieza por aquí y no se sabe dónde se puede llegar. El decreto se ha hecho con poca transparencia y sin contar con todos los agentes afectados. El conseller Baltasar ha rectificado y busca ahora la complicidad del gobierno de Madrid, de todos los partidos catalanes y de las instituciones hídricas del país.

Haber empezado por ahí y haber dotado el decreto sobre la sequía con medios suficientes para no incitar a los ciudadanos a que delaten a los demás.