Como defensores de la privatización de los recursos hídricos están el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y, por supuesto, las grandes multinacionales del sector.El Banco Mundial pone, como condición para la asignación de créditos para infraestructuras relacionadas con el agua, que participen en estos proyectos empresas privadas que avalen la rentabilidad y los beneficios económicos. Su punto de vista es considerar el agua como un bien económico, a la vez que como un derecho social. En vez de subsidiar el suministro de agua, opinan que hay que cobrar su costo real y luego, ayudar a los pobres a pagar la factura.Fredrik Segerfeldt, académico sueco autor del libro «El agua a la venta», apoya estas teorías y las ilustra con ejemplos concretos. Según el autor, la experiencia obtenida en Camboya, Guinea, Gabón y Casablanca revela que se pueden obtener buenos resultados de la participación privada en la provisión del agua.Según estas ideas neoliberales, el paso siguiente en la privatización de la explotación de los recursos hidráulicos pasaría por fijar derechos de propiedad sobre el agua, es decir, acotar quién tiene el título de propiedad sobre el agua.Los bancos de agua se plantean como el sistema idóneo para gestionar estos derechos de agua. La primera ventaja que aportan es que ponen un precio real y fijo al agua y, aunque no crean recursos, ayudan a cuidar los que existen.Ya lo hay en Chile, Australia o Canadá. En Europa no son aún muy utilizados. En España, concretamente, se están implantando.En contra de esta política de privatización, ha surgido un nuevo movimiento social integrado por campesinos, indígenas, trabajadores, consumidores y un amplio rango de organizaciones ciudadanas comprometidas con la lucha por el agua. Se constituyó oficialmente en Florencia, paralelamente al Foro Mundial en Kyoto, bajo el nombre Foro Alternativo del Agua.Consideran que estas ideas liberalizadoras son injustas con los recursos naturales. La ley de la oferta y la demanda se basa en que a mayor consumo, mayores ganancias, con lo que se prima el derroche y no el ahorro.En una política de privatización, el acceso al agua es considerado una necesidad vital, pero no un derecho humano esencial. Poner un precio a este servicio significaría dejar en manos de unas pocas multinacionales la gestión de este recurso.Muchos ejemplos avalan estas teorías. En EE.UU., la privatización empeoró la calidad del agua potable. En Uruguay, la mala gestión de compañías privadas ha obligado a reconocer, mediante referéndum, el agua como bien necesario para los ciudadanos. En Bolivia hubo un auténtico levantamiento popular en el 2000 para conseguir quitar la gestión del agua a las empresas privadas.